El 18 de agosto de 1920, el periódico El Mundo (nada
que ver con el que fundó PJ) exhortaba a
todos los sindicatos a que actúen de la manera enérgica que demuestra el
Sindicato Agrícola de Garcinarro, el cual no se recata en atacar a todos los
Ministros y ex ministros de Abastecimientos, los cuales sin excepción de
ninguna clase, no han trabajado más que 'pro domo sua' [para su familia], pero en daño de la nación[1]. Con esas palabras, 'El Mundo' ponía de
manifiesto el importante papel que representaba el Sindicato Agrícola de
Garcinarro (SAG) en el contexto social de aquella época.
Las respuestas a preguntas como
¿por qué se manifestaba el SAG contra el gobierno de España?, ¿quiénes
componían el sindicato? o ¿qué objetivos perseguía? nos permiten entender alguno
de los problemas sociales y económicos de aquella época; pero también es muy
interesante ver el paralelismo de aquella crisis y la que estamos viviendo; que
nos da la oportunidad de comparar las diferentes soluciones propuestas a una y
otra, con la perspectiva que da el paso del tiempo.
La
ideología del sindicato y del gobierno
Cuando pensamos en
sindicalismo, y más en aquella época, pensamos en obreros o jornaleros de
izquierdas o, incluso, en anarquistas. Sin embargo, el Sindicato Agrícola de Garcinarro agrupaba
a pequeños agricultores, propietarios de tierras, que ellos mismos labraban en
la mayor parte de los casos. El presidente era Petronilo Crespo que, además, era
fiscal. El secretario del Sindicato, Isidro Frías, que también lo era del
Ayuntamiento de Garcinarro y vocal de la Asamblea Provincial de Secretarios de
Cuenca[2].
Viendo quienes eran los sindicalistas, podemos suponer que este sindicato tenía
un perfil conservador. De hecho, los garcinarreros eran mayoritariamente conservadores, como había
quedado patente en las elecciones de febrero de 1918; en las cuales, el 88% de los
electores de este pueblo votaron al conde de San Luis, Fernando Sartórius y Chacón, candidato
conservador por el distrito electoral de Huete[3].
Por cierto, que este señor fue Ministro de Abastecimientos entre septiembre y
diciembre de 1919 y, por tanto, bien hubiera podido ser uno de los ex ministros
a los que criticaba duramente el SAG.
Por otro lado, el gobierno de
la nación que presidía Eduardo Dato también pertenecía al Partido Conservador
que había fundado Antonio Cánovas del Castillo, casi medio siglo antes. Por
tanto, gobierno y sindicato compartían la misma ideología, y si era así, ¿a qué
se debía el conflicto?
La
crisis del trigo
El comienzo de la primera
guerra mundial, en 1914, hizo decrecer la producción de trigo en Europa, causando
una fuerte carestía y subida de sus precios y, por tanto, de la harina y el pan. Aunque España no
intervino en la guerra, las cotizaciones en los mercados nacionales e internacionales variaban paralelamente. La falta
de trigo se hizo notar en nuestro país; primero, porque la producción interna era
ya deficitaria, incluso antes de la guerra, debido a las anticuadas técnicas
productivas; de modo que España necesitaba normalmente importar cereal de
Europa para atender los requerimientos de la población. Segundo, porque la guerra
absorbió la producción de trigo mundial, e incluso parte de la española, hacia
los países beligerantes; así que, la escasez en España debió ser brutal y eso
hizo disparar los precios. La escalada de precios se extendió más allá del
final de la gran guerra. En junio de 1920,
un quintal (100 kg) de trigo valía 72 ptas; es decir, más del doble de
las 28,5 ptas que costaba en junio de
1914, un mes antes del conflicto bélico[4].
Ya desde 1915, la subida del
precio del pan era un grave problema para buena parte de españoles que no podían
pagarlo. En numerosas ciudades, grupos de mujeres empezaron manifestándose, pidiendo pan barato y que se rebajen otros
artículos de primera necesidad. Las autoridades estaban alarmadas porque la
violencia de las manifestaciones iba en aumento. Así lo recoge, por ejemplo, El
Globo del 3 de marzo de 1915: En Murcia, los
amotinados rompen infinidad de escaparates y faroles del alumbrado público
[...], hay lesionados por piedras y palos
y la benemérita, con refuerzos llegados
de Alicante, tiene tomados los puntos estratégicos de la ciudad[5]. La creciente pobreza de jornaleros y obreros
y el triunfo de la revolución soviética, animaron los movimientos sociales en
toda Europa. En Andalucía, en 1918, se iniciaría el llamado "Trienio
Bolchevique", con la ocupación de tierras y ayuntamientos y la quema de
cosechas por parte de los jornaleros. Esos años fueron de un
fortísima conflictividad social, no sólo en el campo andaluz, también en las
zonas obreras de Barcelona, Madrid y norte de España.
Como decía uno de mi pueblo,
cuando uno pierde, otro gana (algo parecido dicen ahora los brokers). En esta ocasión los
agricultores, incluso los pequeños propietarios, estaban entre los beneficiados
de la crisis del trigo; pero había mucha gente que pasaba hambre como
consecuencia de la subida de los alimentos y la falta de trabajo.
La
solución del gobierno
El gobierno de Dato se vio atrapado
entre los intereses de grandes propietarios agrarios –que reclamaban
mayor represión– y las revueltas sociales provocadas por la carestía y alentadas
por el ejemplo de la revolución soviética. En medio de esta situación, promulgó
la Real orden de 27 de julio de 1920 (Gaceta de Madrid, 28/07/1920[6])
que terminaba con el libre mercado del trigo y de la harina, con objeto de bajar
el precio del pan, que era el producto básico por excelencia en la alimentación
de aquella época. De acuerdo con esta Orden, los agricultores estaban obligados
a declarar sus cosechas y a 'cederlas' al Estado a un precio estipulado y
dentro de un 'convenio', que fijaban los órganos de gobierno. Ésto es lo que
hoy llamaríamos una nacionalización. Se nacionalizó el producto, aunque no el
medio de producción.
Tres días más tarde, la Gaceta
de Madrid publicaba una circular que precisaba algunos detalles de la anterior Real
orden. Entre otras cosas, en el segundo punto de la circular, proponía una
excepción que resultó polémica (hecha la ley, hecha la trampa), porque permitía a algunos agricultores (más
probablemente a los grandes propietarios) escapar al convenio impuesto por el
gobierno. Cuando el agricultor, por
insuficiencia notoria de su cosecha o
por otras causas, se estimase perjudicado al ceder su trigo [...], lo
manifestará así en instancia razonada dirigida a la Comisaría general de
Subsistencias. [...] las reclamaciones, se pasarán a estudio de
una Junta de próxima creación,
encargada de preparar y proponer al Gobierno la resolución definitiva que más
convenga[7].
Las
razones del sindicato
En 1913, un año antes del
comienzo de la primera guerra mundial, el precio del quintal de trigo era de 28,5
pesetas, cinco céntimos más que en 1892[8].
Es decir, en esos 21 años, el trigo había aumentado su precio en un 1,8%;
mientras que el IPC había subido un 18%[9].
Esa disparidad entre IPC y valor del trigo hacía que los agricultores hubieran
sufrido una importante pérdida de poder adquisitivo. Los bajos precios del
trigo en relación a otros productos, se debían al libre mercado y a la
importación de cereales, que contenía cualquier incremento de precios en el mercado
nacional. Cuando, esas mismas reglas del libre mercado, producen la subida del
trigo en los años de la guerra, los agricultores empezaron a estar complacidos
con la libertad de comercio que ahora les permitía recuperar, e incluso
mejorar, el poder adquisitivo perdido. Como era esperable, los pequeños
propietarios agrícolas se soliviantaron con el gobierno porque éste acabó con
el mercado libre, justo cuando a ellos les estaba yendo bien, y no lo había
hecho antes, cuando les perjudicaba.
Por otro lado, el Sindicato de
Agricultores de Garcinarro consideraba que el segundo punto de la circular (mencionado
arriba) sólo beneficiaría a influyentes terratenientes, que eran quienes
controlaban la política en las provincias[10], y seguramente quienes
controlarían esa Junta de próxima
creación que debía proponer las resoluciones. Por el contrario, se temían
que los pequeños agricultores que se
encuentran ayunos de influencia, serán desatendidos, aunque sufran pérdidas enormes en sus cosechas[1]. Además, si tenemos en cuenta que el
índice de analfabetismo en el ámbito rural era del 75% a principios del siglo
XX, sólo unos pocos agricultores tendrían la posibilidad de redactar de forma
convincente una instancia para evadir sus obligaciones con el Estado. Algo así
como lo que sucede hoy en día con las multinacionales o las SICAV que, bien
asesoradas, dejan de pagar sus impuestos con argucias 'legales'.
El SAG, además de manifestar su
desacuerdo con la política del gobierno e instarlo a que declarara libre la
venta de trigo, llamaba a los pequeños agricultores a la desobediencia civil,
alentándolos a no hacer las declaraciones juradas de las cosechas y a reducir
la siembra de trigo a las necesidades de la localidad[1].
Hoy en día, mandas consignas de este estilo por Twitter y al minuto tienes tres furgones de la policía o la guardia
civil, en la puerta de tu casa, acusándote de algún delito.
El
paralelismo de las crisis y las políticas
Es interesante ver cómo dos
gobiernos conservadores, uno de 1920 y otro del 2014 afrontan crisis
similares, de formas muy distintas. En ambas situaciones, el sector más débil
de la población, difícilmente, puede afrontar el pago de productos de primera
necesidad, como es el pan en 1920, o el pago de las hipotecas y el suministro
de energía en 2014. La forma de actuar del gobierno conservador de Eduardo Dato
fue la nacionalización del trigo para bajar los precios de los productos
básicos, limitando las ganancias de quienes los producían. El preámbulo de la
Real orden de 27 de julio decía textualmente: el agricultor español, en su patriotismo, ha de comprender la necesidad
y aun justicia de una limitación a su
ganancia. Hoy en día, la idea de limitar las ganancias de quienes
fabrican y comercian con productos esenciales, con objeto de que toda la
población pueda vivir dignamente, es considerada una idea populista, demagógica
y bolivariana que puede llevarnos a una crisis aún mayor.
Puestos a imaginar, si el
Sindicato Agrícola de Garcinarro u otros sindicatos hubieran dispuesto de
medios suficientes para difundir repetidamente su mensaje –a modo de mantra– de
lo nefasto que sería controlar los precios del trigo, es posible que la gran
mayoría de la población, incluso los que pasaban hambre, hubieran entendido a
los agricultores y Dato no se hubiera atrevido a llevar a cabo su política de nacionalización.
O también, si el conservador Eduardo Dato hubiera vivido 100 años más tarde,
defendiendo las políticas que hacía a principios del siglo XX, hoy no sería considerado
conservador, sino un iluminado izquierdista. Aunque es posible, que si Dato
hubiera tenido que legislar contra grandes empresas, en lugar de contra
pequeños agricultores, la historia hubiera sido otra. En cualquier caso, un
siglo más tarde, las crisis son parecidas y las soluciones... ¿más retrógradas?
Referencias:
[2] Crónicas de Garcinarro: Crónicas de las Fiestas de San Isidro de 1922
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